Las guerras de independencia trajeron consigo un desorden que volvió a la población proclive a la militarización, además de reforzar la tradición autoritaria, síndrome actitudinal resultante del proceso social peruano, aspectos que ya venían incubándose desde la época colonial. No es de extrañar entonces, el ribete castrense que adquirieron estas fuerzas policiales, más aún si en el imaginario republicano de los Libertadores, pesaba la imagen de los milicianos franceses defendiendo la causa de la Revolución frente a la reacción monárquica del resto de Europa: se buscaba comprometer a los nuevos ciudadanos en la defensa del nuevo orden, por ello Bolívar mediante decreto del 07 de enero de 1825, convirtió a la Milicia en Guardia Nacional, con el fin de conservar el orden público en cada una de las regiones y pueblos, constituyendo también la reserva del Ejército. 

Se crean las Compañías y Piquetes de Veteranos, estableciéndose en las ciudades y en el campo, incluso con fuerzas policiales a caballo, y es que había que hacer frente al recurrente mal de los bandoleros, a quienes las guerras de independencia y las posteriores luchas por el poder de los caudillos del momento convirtieron en montoneros. Fuerzas irregulares que servían de avanzada y vanguardia, habituados a las correrías, fueron decisivos para la causa patriota como para la carrera política de muchos caudillos. En los breves momentos de paz volvían a sus andanzas con la consiguiente zozobra de la población rural e incluso citadina. Dos estampas y una anécdota para ilustrar el momento. La primera, salida de la pluma romántica de Ricardo Palma quien cuenta cómo el bandolero León Escobar tomó  la ciudad, desprovista de custodios y ante la impotencia de las autoridades. La segunda estampa proviene del arte de Pancho Fierro, quien dedica varias acuarelas a estos singulares personajes. La anécdota la protagoniza el famoso bandolero José Rayo, quien militando a favor del bando del Mariscal Gamarra, es promovido a jefe de la Partida de Policía de Campo. Conocedor por propia experiencia de la vida y costumbres de los bandoleros, fue muy eficiente en dar cuenta de sus antiguos colegas. Tiempos difíciles que llevarían a instaurar al draconiano Tribunal de Acordada, que por lo general penaba con la muerte a los delincuentes. Nacido al calor de los violentos días de la guerra de independencia, reapareció al calor de las violentas luchas caudillescas. 

La pena capital fue la receta común para delincuentes y criminales, para enemigos políticos como para malos servidores públicos y ciudadanos remisos para defender al Gobierno. 

Al término de la influencia bolivariana en el Perú, el 20 de enero de 1827, se dicta un “Reglamento Provisional de Policía”, manuscrito y rubricado por el propio Presidente del Consejo de Gobierno, Mariscal Andrés de Santa Cruz, el mismo que años después, una vez encumbrado en la presidencia de la Confederación Perú Boliviana, promulga el Reglamento de Policía de 1834, en donde se vuelve a establecer a los “Serenos”, adecuadamente armados y uniformados en procura de un buen servicio policial, estas fuerzas abocadas al orden y seguridad interna se hallaban a órdenes del Intendente de Policía de la Prefectura de Lima y de los Sub-Prefectos en Provincias. 

Entramos a un periodo en donde el desgobierno por causa de la inestabilidad política que trajeron consigo los caudillos, no permite al Estado el tener presencia efectiva, la militarización trajo sus consecuencias, quedando el ejército como la única institución del Estado capaz de liderarlo, su presencia era necesaria, más aún cuando la joven república debió de enfrentar conflictos externos además de las revueltas internas. No resulta extraño que los servicios policiales fueran reforzados por cuerpos del ejército destinados a este fin como los Dragones de Policía y los Cazadores de Policía. 

Era paradójico que siendo lo legal algo con tan poca efectividad en la realidad de la joven república, se hiciesen esfuerzos en este campo para reglamentar al servicio de policía. Si bien tales esfuerzos pretendía tener alcances nacionales, en realidad cada ciudad determinaba su propio reglamento. La fragmentación del poder hizo que esta situación se mantuviera durante mucho tiempo. 

A la caída de la Confederación Perú - Boliviana, el Mariscal Agustín Gamarra, promulga en 1839 Huancayo, un nuevo Reglamento de Policía, que mantiene al Intendente de Policía a la cabeza de un reorganizado Cuerpo de Serenos y Vigilantes; se establecen categorías de Comandante, Tenientes y Cabos, Serenos y Vigilantes; se divide Lima en diez distritos y se pormenoriza las distintas funciones que serán de su competencia.

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